Entrevista de El Periódico a Enrique Vendrell, president del Col·legi dAdministradors de Finques de Barcelona-Lleida

Pregunta: No hay cifras oficiales, pero sí existen informes en el sector financiero e inmobiliario que cifran en 85.000 las viviendas ocupadas ilegalmente en España. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las causas que han originado este fenómeno?

Enrique Vendrell: En primer lugar, tenga la seguridad de que las viviendas realmente okupadas (ilegalmente, con "k") son muchas más de las que aparecen en las estadísticas oficiales. La prueba la hemos tenido recientemente en Calafell, donde a raíz de una explosión de gas en un piso okupado, el Alcalde ha solicitado a los vecinos que denunciaran otras situaciones de okupación y en pocas horas ha recibido 38 denuncias más sin detectar.

Las causas son diversas y de distinta naturaleza y el éxito principal de este movimiento ha sido también haber utilizado hábilmente las ventajas y resquicios que el propio sistema de garantías permite, para lo que se han dotado de  estructura con cierta organización social y política que les facilita actuar coordinadamente aprovechando el sistema que denostan.

P: A su juicio, ¿qué medidas son necesarias para combatir la ocupación ilegal de viviendas?

E.V: Cualquier iniciativa que se adopte ha de partir del reconocimiento del hecho de que la okupación de pisos propiedad de un tercero es ilegal y que además es un delito tipificado por el Código Penal.

Si nuestro sistema permite estas actividades, facilitamos la impunidad del infractor poniendo en peligro el principio de seguridad jurídica, y en consecuencia la protección y la tutela de  los derechos de los ciudadanos que sí cumplen.

Considero que la Ley debe reaccionar ante su utilización fraudulenta y también que a los jueces se les debe dotar de los medios adecuados para aplicarla. También creo que los cuerpos de seguridad, en todos sus niveles administrativos, deberían actuar con más diligencia ante la flagrancia de la usurpación que a veces va acompañada de violencia y coacciones físicas o morales. 

P: ¿Quién se aprovecha de esta situación?  

E.V: Además de los okupas, también se aprovechan las organizaciones que se han venido tejiendo alrededor de este fenómeno, los cuales se alimentan y se nutren de este "colectivo". No se trata sólo de determinados sectores, sino de grupos dotados de colaboradores e incluso de profesionales, como asesores legales. Son en muchos casos verdaderas mafias organizadas, plataformas, sindicatos, que actúan colectivamente, con alta capacidad de movilización y que suelen estar en el entorno de ciertas administraciones políticamente afines de las que obtienen ayudas y aportaciones económicas.  

P: Desde el colectivo profesional de administradores de fincas, ¿qué le piden a la Administración para solucionar este conflictivo asunto? 

E.V: Que sean conscientes de que el respeto al principio de legalidad beneficia a la mayoría de los ciudadanos y de no ser así, antes o después,  nos perjudica a todos.  El  esfuerzo realizado por los propietarios, o por los familiares que les precedieron, dedicado a adquirir una propiedad privada, no sólo les comporta la imposición de obligaciones como pagar impuestos, conservar la finca y garantizar su seguridad, sino también derechos como el de la intimidad, obtener una rentabilidad legítima por ceder su uso a otros residentes, su tutela y la  protección por parte de sus servidores de las administraciones públicas. 

P: Una de sus reclamaciones es agilizar los procedimientos judiciales para dificultar la acción de las mafias organizadas. ¿Se ha avanzado algo en este tema?  

E.V: Existe un proyecto que se halla en trámite en este momento en el Congreso de los Diputados, promovido por el PDeCAT y auspiciado por diferentes Colegios  profesionales como el nuestro. 

La reforma procesal, si su redacción final se ajusta adecuadamente, será un acierto porque permitirá al titular afectado por la apropiación material recuperar la posesión de su propiedad al inicio del proceso, requiriéndose a los ocupantes al inmediato desalojo en el plazo de 10 días salvo que acrediten el titulo fehaciente  que les legitime.  

P: ¿Qué opinión le merece la proliferación de empresas especializadas en desocupar inmuebles? 

E.V: Tan anómalo resulta el fenómeno okupa, como la aparición de empresas para proporcionar una solución “rápida” del caso aunque no resuelva el fondo de la situación.  No puedo cuestionar la legalidad de estas empresas puesto que hasta el momento no se ha producido ningún pronunciamiento judicial que las deslegitime. De todos modos, sí considero que el esfuerzo no debería hacerse en denostarlas, sino en resolver la raíz del problema que ha propiciado que algunos afectados se planteen acudir a estas empresas en lugar de pedir auxilio judicial, como debiera ser.   

P: El Congreso aprobará agilizar los desahucios de okupas por vía civil. ¿Cree que esta iniciativa es suficiente para revertir la situación?  

E.V: Seguramente no, pero es necesaria en todo caso. Los Administradores de fincas sabemos que la morosidad en las comunidades no desapareció por la creación del juicio monitorio o por negar el derecho de voto, ni los impagos de alquiler por las reformas del proceso de desahucio, pero sin duda dieron una vuelta a la situación y proporcionaron unos instrumentos legales y procesales a los afectados por los impagos que les han permitido actuar con mayor rapidez y eficacia. Con los okupas podría pasar lo mismo. 

P: ¿Cómo afronta el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida este grave problema? ¿Qué medidas ha adoptado?  

E.V: Los Colegios de Administradores de Fincas de Catalunya hemos hecho llegar reiteradamente nuestra preocupación a las autoridades autonómicas y locales por esta lacra social por el número de casos y consecuencias que hemos constatado.  

La propuesta presentada por el PDeCAT es también el resultado de parte de estas inquietudes, por ello  esperamos que el cauce funcione adecuadamente para que el poder legislativo y todos aquellos que tengan responsabilidades estén a la altura de la situación y adopten las medidas necesarias.  

Estas actividades alteran la convivencia en las comunidades de propietarios, pueden ocasionar daños en la finca por su falta de mantenimiento, afecta a su habitabilidad y también a la seguridad del inmueble y de los vecinos, como hemos podido constatar. Por ello, una de nuestras preocupaciones principales es combatir la okupación.