Los administradores de fincas colegiados alertan del aumento de las ocupaciones ilegales
El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lérida y vicepresidente 1º del Consejo General de Administradores de Fincas, Enrique Vendrell, ha participado, en representación de los Administradores de Fincas Colegiados, en la Comisión de Justicia del Congreso para analizar la problemática de la ocupación ilegal de viviendas en el momento en que se está tramitando la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que tiene por objeto agilizar el proceso de recuperación de las fincas ocupadas ilegalmente. Ante esta Comisión, analizó los problemas más importantes que los Administradores de Fincas Colegiados han detectado y sus posibles soluciones.
Para
los Administradores de Fincas Colegiados, el problema actual de la ocupación ilegal
de viviendas no es la existencia del movimiento ocupa, sino de las mafias y
organizaciones que están actuando en
nuestro país, y para quienes una vivienda que se publicite por cualquier medio
en el mercado del alquiler o la compraventa, es propicio para este tipo de
ocupación ilegal. Un problema que ha pasado, según datos del Ministerio de
Justicia, de los 12.760 casos de ocupación ilegal de viviendas en 2015, a los
22.461 en 2016, sufriendo un incremento del 43,19%, y que sigue creciendo,
considerablemente, en el primer semestre de 2017.
Propietarios desamparados
Además
de las consecuencias morales y económicas de la ocupación para el titular
afectado, para Enrique Vendrell los propietarios
del edificio “se encuentran desamparados, pero no solo por la seguridad de la
finca y de sus ocupantes, sino también por la falta de atención y cuidado de
los elementos comunes, por las molestias por ruidos o entradas y salidas
descontroladas de personas, y por el enganche ilegal a los suministros de luz,
agua y gas de la Comunidad que pueden
generar, entre otros riesgos, incendios”.
Para Vendrell,
son perfectamente compatibles los derechos constitucionales de los artículos 79
y 33 de la Constitución Española, y son las
Administraciones Públicas las que han de promover y hacer posible el derecho constitucional a una vivienda digna
para los ciudadanos, acometiendo las políticas sociales necesarias para que las
personas que lo necesiten puedan acceder a la misma, pero al mismo tiempo debe
proteger a la inmensa mayoría de las personas que han accedido legalmente a
ellas y garantizarles el respeto a su
legítimo derecho de propiedad, haciendo que las leyes procesales resulten
eficaces para evitar la apropiación ilegitima y unilateral por parte de
terceros. Esta situación promueve el negocio, puesto que “la necesidad de aquellas personas facilita que las mafias busquen resquicios policiales y
judiciales que les permitan la ocupación ilegal indiscriminada de pisos e
inmuebles cediéndolos a aquellos mediante un precio y, al mismo tiempo, se
permite el chantaje a los propietarios para que paguen una cantidad determinada
para recuperar libre su propiedad”, explica Enrique Vendrell.
Políticas activas de vivienda
Igualmente
explicó que es necesaria la reforma de la Ley para permitir que los juicios
para el desalojo sean mucho más rápidos, y que la actuación policial también
sea más ágil para impedir que estas ocupaciones ilegales se prolonguen en el
tiempo y dificulten la recuperación de la vivienda por parte del propietario,
porque estos, insistió Vendrell, también tienen reconocido el derecho constitucional
a que su propiedad no sea usurpada, y merecen que se les proporcionen las
máximas garantías procesales y
policiales para que lo antes posible, no después de tres años como está
ocurriendo en la actualidad, puedan
recuperar la propiedad de la que han
sido despojados. “No olvidemos que en
España, mayoritariamente, la población reside en inmuebles en régimen de
propiedad horizontal, y son los propietarios y usufructuarios quienes nutren a las arcas públicas con los impuestos liquidados al acceder a ella y
durante todo el tiempo en que son titulares, precisamente para que las Administraciones puedan llevar a cabo sus políticas sociales de vivienda”, enfatizó Enrique Vendrell.
Mediación de los administradores de fincas
colegiados
Los
Administradores de Fincas Colegiados consideran que lo que subyace detrás de la
lacra de la ocupación no son siempre necesidades sociales, y que éstas han de
ser solucionadas con políticas activas de vivienda pública, para las que colaboran
con las instituciones competentes en materia de vivienda, promoviendo la
mediación de los colegiados, el
arrendamiento en régimen de alquiler social y sostenible a través de los
correspondientes convenios con las Administraciones y con entidades del tercer
sector centradas en esta finalidad, y
participando en las comisiones constituidas para buscar soluciones a las
personas con riesgo de exclusión residencial, como se ha hecho en Cataluña. Según
Vendrell, para ello es imprescindible la
seguridad jurídica y el respeto al Estado de Derecho, y la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Civil ayudará a solucionar los problemas actualmente existentes
y a impedir que resulte rentable para
las mafias la usurpación de viviendas en España, y desaconseje a los titulares
afectados ceder ante aquellas y a la utilización de otras vías de hecho o de
fuerza, en lugar de la judicial o la
policial, para verse resarcidos en sus
derechos legítimos. Para Vendrell, “este es el cometido también de los
Administradores de Fincas Colegiados y por ello defendemos esta reforma”.