La accesibilidad universal, un derecho pendiente
En España, el 77% de
los edificios no han eliminado las
barreras arquitectónicas de acceso en sus edificios. Eso supone que, de un
total de 9.814.785, solo el 23% son accesibles – 2.257.400 edificios-. Hay que
decir que de este porcentaje, solo el 2% de las fincas poseen un acceso desde
la calle al portal que cumpla con los criterios de accesibilidad universal, lo
que supone 196.295 edificios.
En nuestro país, la
mayor parte de los edificios han sido construidos entre los años 1950 y 2001,
en que se edificaron algo más del 70%, y solo un 12,0% son viviendas que han
sido construidas a partir del año 2002. Y
la accesibilidad de los edificios construidos entre 1950 y 2001 es del
23%, y las de los construidos a partir del año 2002, es de 22%. De estos datos
se obtiene la conclusión de que una de las razones más importante por las que
no se ha procedido a la supresión de barreras arquitectónicas en un mayor
número de inmuebles es por la imposibilidad técnica de realizar las obras
correspondientes por las características del propio edificio.
El Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de
su Inclusión Social establece que, en las viviendas en régimen de propiedad
horizontal –comunidades de propietarios- se deberían haber realizado las obras
necesarias para que las personas con discapacidad puedan usar los elementos
comunes. Fundamentalmente, las comunidades de propietarios deberían haber
instalado rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que
faciliten la entrada y salida del inmueble antes del 4 de diciembre de 2017.
Subvenciones públicas
Las distintas
administraciones públicas tienen establecidas una serie de subvenciones que se
han ido limitando en número y cuantía en los últimos años por causa de la crisis
económica, lo que ha dificultado considerablemente que se acometan las obras
requeridas para conseguir la accesibilidad universal. Pese a ello, podemos
decir que la mayor parte de las comunidades de propietarios han realizado las
obras de accesibilidad con medios propios –alrededor del 78%-, a la espera de
recibir, posteriormente, el importe de las subvenciones correspondientes,
porque estas solo se dan una vez realizadas las obras.
Para Salvador Díez,
presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas
–CGCAFE-, “hace falta una mayor sensibilización social para que el derecho a la
accesibilidad universal sea un hecho, y al mismo tiempo, hay que simplificar el
panorama legal y hacer leyes que se puedan cumplir. Los Administradores de
Fincas colegiados proponemos, también, que las obras de accesibilidad tengan deducciones
en el Impuesto de Sociedades, el IRPF, el IVA y que el importe de las licencias
de obra sea mucho menor”.
También considera Salvador
Díez que se podría establecer un fondo de liquidez acumulativo, que generaría
rapidez en la tramitación de las ayudas y un bajo coste de gestión, porque
considera “que no sería un gasto, ni generaría un déficit en las
administraciones públicas, porque los recursos serían acumulativos, volverían
al Estado y servirían para financiar nuevos proyectos”.
Los Administradores de Fincas Colegiados
hemos trabajado para conseguir que los inmuebles que administramos cumplan con
la normativa establecida sobre supresión de barreras arquitectónicas, y en
aquellas comunidades de propietarios que no hayan acometido esta supresión,
nuestra recomendación es que valoren, con un informe técnico, qué instalación o
tipo de obra es la más adecuada para permitir la accesibilidad en el edificio y
sus elementos comunes, y establecer un plan económico y la aprobación
correspondiente en Junta de propietarios para poder realizar la obra o
adaptación correspondiente.
Los Colegios
de Administradores de Fincas ponen a disposición de los ciudadanos
y de las comunidades de
propietarios que no cuenten con un profesional colegiado, sus asesorías de información para que
puedan realizar las consultas necesarias sobre cómo hacer posible el derecho a
la accesibilidad universal en los edificios.