Este martes 6 de marzo ha entrado en vigor el Real Decreto-Ley de medidas urgente en materia de vivienda después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el día anterior. La nueva normativa, que afectará a los contratos nuevos que se firmen a partir de hoy ya que no tiene efectos retroactivos, fue aprobada durante el último Consejo de Ministros de la legislatura de Pedro Sánchez.

El colectivo de Administradores de Fincas, y también gran parte del sector inmobiliario, han cualificado esta medida de electoralista y contraproducente y también han añadido que esta nueva normativa está lejos de resolver los problemas actuales de la vivienda en nuestro país.

Enrique Vendrell, vicepresidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) ha expuesto que “la peor forma de legislar en materia arrendaticia es vía un Real Decreto-Ley y además sin vacatio legis” para su entrada en vigor y ha añadido que, de esta forma “se evita realizar un debate con el sector y con los profesionales que están cada día al pie del cañón y que trabajan en el ámbito del alquiler urbano, generando al mismo tiempo muchas incertidumbres”.

De hecho, una de las quejas más recurrentes de los operadores inmobiliarios hacia la Administración Pública es que se cuenta muy poco con la opinión de todos aquellos expertos que conocen de primera mano el mercado de la vivienda de alquiler en España y que consideran que se debería contar con ellos a la hora de legislar.

Este nuevo decreto podría producir el efecto contrario al que se desea. La principal consecuencia que puede generar la nueva normativa es una reducción del parque de vivienda en régimen de alquiler a causa de que los propietarios –no podemos olvidar que en Barcelona el 89% de los arrendadores son pequeños propietarios- se vean incentivados a retirar sus inmuebles del mercado de alquiler, incluso destinarlo a la venta o a otras finalidades. Esta tesitura provocaría un aumento de los precios de alquiler ya que la oferta se vería disminuida y la demanda se mantendría en los mimos niveles.

Desde el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida siempre se ha pedido que para mejorar el parque de viviendas en régimen de alquiler se le tiene que dotar de confianza, seguridad y estabilidad, solo de esta forma se conseguirá aumentar la oferta de alquiler para dar respuesta a la gran demanda.

Otra medida que creemos conveniente es la mayor implicación de las Administraciones, particularmente de los ayuntamientos de las capitales, que al fin y al cabo son las que padecen principalmente el problema de los aumentos de los alquileres, en el momento de inyectar un mayor número de viviendas de titularidad pública o de alquiler social en el mercado. En vez de aplicar este tipo de medidas, se pretende trasladar esta responsabilidad a los particulares y al sector privado.