El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) organizó este martes 4 de febrero una conferencia en el Auditorio AXA para poner sobre la mesa las principales afectaciones del Decreto Ley 17/2019 de 23 de diciembre con vigencia desde el día 30 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda. Además, se trató el DL 01/2020 de 21 de enero, puesto que modifica el anterior Decreto Ley 17/2019, incluso antes de que este estuviera convalidado por el Parlament, que justo ha sido hoy, 5 de febrero.

Fue un acto multitudinario donde asistieron cerca de 500 administradores de fincas colegiados y profesionales, principalmente del sector inmobiliario, para poder resolver dudas que ha ocasionado el DL 17/2019.

El acto fue inaugurado por la Sra. Anabel Miró, Presidenta del CAFBL, y por el Sr. Agustí Serra, Secretario de la Agenda Urbana y Territorio. Como ponentes, participaron la Sra. Cristina Vallejo, abogada y diputada del ICAB; el Sr. Enrique Vendrell, vicepresidente y asesor jurídico de la Junta de Gobierno del CAFBL; el Sr. Carles Sala, exsecretario de Vivienda y Mejora Urbana de la Generalitat y asesor del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya, y, el Sr. Jaume Fornt, director adjunto de la Agència de l’Habitatge de Catalunya.

En las intervenciones, los ponentes hicieron especial énfasis en los siguientes temas: ocupación ilegal y desahucios, oferta obligatoria de alquiler social, vivienda de protección oficial, nueva definición de grandes tenedores y constitucionalidad de la norma.

Durante la inauguración, el Sr. Serra explicó que este nuevo DL es un proyecto ambicioso, consensuado y con un amplio apoyo político, con el objetivo de hacer mejoras en la materia de la vivienda e intentar regular los precios de alquiler.

Sin embargo, la Sra. Vallejo, en nombre de la Comisión Normativa del ICAB, manifestó su preocupación en lo que respecta a la ocupación ilegal en viviendas particulares y el evidente desequilibrio entre los derechos del propietario y del inquilino. El Sr. Jesús Sánchez, secretario de la Junta de Gobierno del ICAB, intervino durante la ponencia de su compañera Cristina Vallejo para insistir que este DL ha supuesto una regresión en la lucha contra la ocupación ilegal y que hubiera sido mucho más lógico que se hubiera elaborado mediante un debate tranquilo entre todos los implicados en el Parlament.

Por parte del Sr. Vendrell, quien transmitió también su rechazo al DL, considera que estos decretos leyes pretenden imponer nuevas obligaciones y pérdida de derechos a la propiedad particular arrendadora, asumiendo responsabilidades desproporcionadas, desequilibrando radicalmente la relación entre el arrendador y el arrendatario en perjuicio del fomento del propio alquiler de vivienda que está en manos de los particulares en más del 93%. “La Administración tendría que contar con la experiencia y conocimientos de los Administradores de Fincas Colegiados y del sector inmobiliario para regular en estas materias”, señaló Enrique Vendrell. En su intervención hizo hincapié en una de las principales afectaciones: la nueva definición del colectivo de propietarios “grandes tenedores”; donde el nuevo DL hace referencia a personas jurídicas, fondos de capital riesgo y de titulación de activos y personas físicas que tengan más de 15 viviendas. Según su parecer, estos propietarios particulares no tendrían que ser vistos como grandes tenedores, igualándolos en muchos aspectos del decreto ley a entidades financieras o fondos que pueden llegar a tener centenares o miles de viviendas. De este modo, la nueva normativa afecta de forma ilimitada el conjunto del patrimonio inmobiliario residencial de aquellas personas físicas o jurídicas, obligándoles a ofrecer una renta social por un periodo que puede llegar hasta los 14 años y calculada en función de los ingresos de los inquilinos en riesgo de exclusión residencial, sin tener en cuenta los gastos de mantenimiento, servicios del inmueble, el IBI y otras cargas que esté soportando la propiedad.

El Sr. Sala, respecto al DL, también expresó su disconformidad. “No estoy de acuerdo en que se haya hecho esta norma por Decreto Ley. Se pueden encontrar otras vías”, remarcó. Y lamentó que esta situación acabaría yendo en contra de las personas que más lo necesitan. En su ponencia destacó lo que se prevé desde la ONU y desde la Unión Europea sobre Derechos Humanos y que, en ningún caso, se legitiman las ocupaciones contra la voluntad de los propietarios.

La última ponencia, a cargo del Sr. Fornt, suscitó cierto desacuerdo en la sala, dado que gran parte de los asistentes, Administradores de Fincas Colegiados y representantes de otras entidades del sector inmobiliario, creen que desde la Generalitat de Catalunya no se ha hecho el esfuerzo suficiente ni se ha contado con todos los agentes implicados para la elaboración de este DL y se ha favorecido esta iniciativa reguladora en interés de movimientos profundamente ideológicos, pero sin contrastar su viabilidad. No obstante, Jaume Fornt insistió en que la Administración está haciendo más de lo que está en sus manos, trabajando firmemente en el problema de los desahucios y de la oferta de las viviendas de protección oficial. “Es de gran importancia crear fórmulas que permitan incentivar la promoción y construcción de vivienda de protección oficial por parte del sector privado”, destacó.

La conferencia acabó con una mesa redonda donde los ponentes pudieron responder a las preguntas que hicieron los asistentes, los cuales transmitieron una voluntad común: encontrar un equilibrio entre ambas partes, propietarios e inquilinos, mediante una ley donde todas las entidades del sector inmobiliario estén representadas.