• Estas nuevas normativas, lejos de solucionar el problema de la vivienda, todavía pone más presión sobre precios, y hace inviable la rehabilitación

• Con el Decreto Ley desaparece la figura de vivienda concertada, hecho que dificulta a la clase media el acceso a una vivienda pública.

• El sector se muestra muy preocupado por la falta de seguridad jurídica y pide a las administraciones diálogo y trabajo conjunto para encontrar soluciones consensuadas.

El acceso a la vivienda es un problema que afecta a muchas familias en Cataluña. Desde las entidades representantes del sector que firmamos este documento siempre hemos insistido a las administraciones de la necesidad de disponer de un parque público de vivienda adecuada y eficiente, que cubra las necesidades de la sociedad. Pero las últimas normativas aprobadas por la Generalitat, sumadas a la modificación del PGM de la ciudad de Barcelona, conseguirán un efecto totalmente contrario.

En cuanto a la reserva de viviendas de protección en suelo urbano consolidado que contempla el Decreto Ley 17/2019, insistimos en el conflicto competencial de este decreto ley, a la vez que volvemos a advertir de los efectos negativos de la medida que, después de un año en vigor en la ciudad de Barcelona, todavía no ha generado ningún resultado en forma de licencia real. Además, se observa con mucha preocupación el importante descenso de licencias en la ciudad de Barcelona, reducción de un 55% entre enero y septiembre de 2019 comparado con el mismo periodo de 2018.

También queremos destacar que el aumento de las reservas de VPO en la Área Metropolitana de Barcelona y las anunciadas a través del Plan Territorial Sectorial de la Vivienda (PTSH) para las “áreas de demanda fuerte y acreditada” que contempla el decreto comprometen la viabilidad de los planeamientos, tan urgentemente necesarios para disponer de suelo suficiente para resolver la falta de viviendas, tanto de venta como de alquiler. Debe tenerse en cuenta que, para atender la demanda de vivienda, y especialmente la de VPO en Barcelona, debe considerarse el ámbito metropolitano, a efectos de tener un territorio de dimensiones más razonables y equiparables con otras ciudades como Madrid, París o Londres, y poder disponer de un abanico mucho más diversificado de opciones de acceso a la vivienda.

Según datos del borrador del Plan Territorial Sectorial de la Vivienda, el Ámbito Metropolitano tiene un potencial de reservas de suelo para construir más de 73.000 viviendas de protección oficial, siendo el ámbito funcional de Cataluña que contiene un mayor número de reservas (un 38% en total). Y de estas 73.000, 20.000 están ubicadas en la ciudad de Barcelona. Habría que desarrollar estas reservas para convertirlas en viviendas lo antes posible.

Por otro lado, con el Decreto Ley 17/2019 desaparece la tipología de vivienda de precio concertado, dificultando a la clase media el acceso a la vivienda, puesto que se elimina la posibilidad de disponer de una figura a caballo entre la protección oficial y el mercado libre. Así mismo, actualmente se desconoce cuál será el nuevo precio de referencia del módulo de la nueva tipología de VPO, y de momento se mantiene el régimen general con unos precios obsoletos respecto de la realidad de los costes de edificación -que se han incrementado un 44% desde 2007-, haciendo inviable la promoción de vivienda de protección oficial.

Desde el sector inmobiliario creemos que el Decreto Ley 17/2019 y el Decreto Ley 1/2020, al igual que la modificación del PGM de la ciudad de Barcelona, no constituyen ninguna solución real para el problema de la vivienda en Cataluña. Lejos de solucionar el problema, provocarán un efecto contrario, puesto que por un lado se paralizará la actividad del sector, y por otra, añadirá todavía más presión sobre los precios a causa del desequilibrio que generará entre la oferta y la demanda.

Así mismo, también queremos remarcar los efectos negativos sobre la rehabilitación del parque edificado. Este decreto hace inviable económicamente la rehabilitación del parque existente -que contempla también la necesaria adecuación energética de los edificios para reducir el consumo energético- con los consecuentes efectos sobre el tejido urbano, especialmente sobre aquel que más necesitado está de este tipo de actuación.

Reiteramos, una vez más, la necesidad de disponer de una legislación estable y clara, que garantice seguridad jurídica para que podamos desarrollar nuestra actividad y que, al mismo tiempo, facilite a las familias el acceso a la vivienda. Y para conseguirlo volver a transmitir la disposición del sector a colaborar con las administraciones para ayudar en esta tarea. Pero para hacerlo, es imprescindible disponer de una legislación estable y clara, que garantice seguridad jurídica.

Las entidades firmantes también insistimos en la necesidad urgente de un gran Pacto por el Urbanismo y la Vivienda en Cataluña que dé una respuesta real, eficiente y consensuada al problema, y que englobe a todas las administraciones, formaciones políticas, y al sector privado. Un pacto con un objetivo claro: crear un parque de vivienda estructurada, suficiente y gestionado con eficiencia para dar respuesta a las necesidades de la sociedad catalana.