Te comunicamos que en el día de hoy se ha presentado una denuncia a la Fiscalía contra la organización ARRAN, y las personas que puedan ser responsables, por la elaboración de un manual de okupación.

La organización denominada ARRAN ha elaborado y difundido públicamente el “Llibret d’okupació”, un manual con finalidades didácticas para realizar ocupaciones ilegales de fincas, que constituye una manifiesta instigación a delinquir y una patente apología del delito, contemplado en el artículo 18 del Código Penal, en relación a diferentes tipificaciones delictivas.

El manual, que ya está circulando a través de Internet y de las redes sociales (se puede consultar en este enlace), consta de 100 páginas repletas de infografías, entrevistas con experiencias, consejos y asesoramiento jurídico. Se explica al detalle qué herramientas son necesarias para forzar una puerta, para hacer empalmes en el suministro eléctrico o para manipular los contadores de agua. Además de cómo actuar ante la aparición de los agentes de la autoridad.

Sin duda, se trata de un documento que incita a la delincuencia y a la provocación de delitos de distinta índole, contemplados en el artículo 18 del Código Penal:
a) Con el manual se incita directamente a la comisión de delitos, 
b) De forma idónea, y además realizada en redes sociales, y medios de difusión  
c) Y, por tanto, con carácter público.
 

Consideramos que la elaboración de este “Manual” por parte de la entidad firmante, así como su difusión pública, puede tener consecuencias penales propias de una organización criminal, en los términos tipificados en el artículo 570 bis y siguientes del Código Penal.

Por este motivo, hemos solicitado a la FISCALÍA que, de forma urgente, se acuerden las diligencias necesarias para la identificación de los autores responsables de la organización y a todos los que hayan dado apoyo a la edición y difusión del referido “Manual”, pidiendo las consecuencias penales que correspondan a todos ellos.

Consideramos que las corporaciones públicas representativas de los profesionales y de las empresas de nuestro sector no pueden mantenerse impasibles ante los graves perjuicios que se están provocando a la propiedad, a las comunidades, a los vecinos y a la ciudadanía en general, por unos hechos cada vez más alarmantes y, por eso, consideramos que hay que instar a las autoridades públicas para que actúen en defensa de la legalidad y en defensa de la protección del interés común.
 

Esperamos tener una respuesta de la Fiscalía para que actúe contra este tipo de organizaciones criminales.